Hecho ocurrido en el Distrito Nacional reabre el debate sobre la seguridad ciudadana

Por Ana Jiménez

La inseguridad ciudadana en la República Dominicana ha dejado de ser una percepción para convertirse en una realidad que golpea, sin distinción, todos los espacios de la vida nacional.

La noche del pasado viernes, en un sector exclusivo del Distrito Nacional, un hecho aparentemente “común” reveló una verdad incómoda: ni siquiera las zonas de mayor resguardo están exentas de la delincuencia.

El vehículo de mi hija fue desmantelado en cuestión de minutos. Retrovisores y sensores fueron sustraídos con una facilidad alarmante, mientras participaba en una actividad de egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es solo el hecho en sí, sino su ubicación: ocurrió en las inmediaciones de la residencia de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Este detalle transforma un caso aislado en un símbolo: un reflejo de las debilidades estructurales que aún persisten en materia de seguridad.

¿Cómo es posible que en un entorno de alto perfil no exista una presencia visible de seguridad? ¿Cómo se explica que un delincuente actúe con tal nivel de confianza, amparado en la oscuridad y la aparente ausencia de vigilancia?

Estas preguntas no buscan señalar a una persona en particular, sino interpelar a un sistema que, pese a los anuncios de reforma policial y las inversiones millonarias, no logra traducirse en resultados tangibles para la ciudadanía.

Porque si en las cercanías del poder ocurren hechos como este, la sensación de vulnerabilidad para el ciudadano común se multiplica.

La seguridad no puede ser un discurso. Debe ser una garantía.

Y mientras los ciudadanos continúen sintiéndose desprotegidos, cada nuevo caso como este no hará más que profundizar la desconfianza en las instituciones llamadas a protegernos.

La pregunta sigue en el aire: ¿quién responde?