Por @DanylsaVargas
Durante años, la sociedad dominicana ha escuchado la misma promesa: instalar bloqueadores de señal en las cárceles para impedir que desde allí se sigan coordinando estafas, extorsiones, sicariatos y delitos electrónicos. Sin embargo, el problema persiste. Y la pregunta me la hago nuevamente con fuerza: ¿qué pasó con los bloqueadores?
De acuerdo a los informaciones, el proyecto avanza, aunque como suero de miel de abejas, entre anuncios, pruebas piloto, obstáculos técnicos y una realidad penitenciaria mucho más compleja de lo que parecía.
Desde 2024, el INDOTEL anunció una inversión de RD$300 millones para instalar inhibidores de señal en varios recintos penitenciarios del país, bajo coordinación con la Procuraduría General de la República. En 2025 se informó oficialmente sobre un plan piloto en cárceles como El Pino, Azua, Anamuya y Santiago.
Pero el hecho de que todavía sigan ocurriendo fraudes telefónicos dirigidos desde prisiones demuestra que el problema no era solamente tecnológico.
Las autoridades han reconocido algo clave: muchas cárceles dominicanas están rodeadas de zonas urbanas densamente pobladas, especialmente La Victoria. Bloquear completamente la señal en esos lugares afectaría también a miles de ciudadanos que viven alrededor.
Es decir, el Estado descubrió tarde una realidad elemental: no se puede apagar una cárcel sin apagar también a los que residen a su alrededor.
¡Ahí comenzó el retraso!
Por eso el plan se concentró inicialmente en cárceles alejadas de grandes núcleos urbanos. Técnicos extranjeros, incluyendo especialistas israelíes, comenzaron instalaciones en cinco recintos específicos. Pero incluso hoy, las autoridades evitan revelar exactamente cuáles cárceles tienen bloqueadores activos, alegando razones de seguridad y ¿”creatividad delictiva”?.
Y esa frase “creatividad delictiva” dice mucho más de lo que parece.
Porque el verdadero problema nunca fue solamente la señal telefónica. El verdadero problema es el ecosistema de corrupción que permite que entren celulares, cargadores, chips y hasta internet móvil a los recintos penitenciarios.
El propio presidente del consejo directivo de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, admitió públicamente que dentro del sistema existe “un negocio” y que parte del personal penitenciario facilita irregularidades.
¡Ahí está el centro del debate!
¿Puede funcionar un bloqueador en un sistema donde continúan entrando dispositivos ilegales? ¿Puede una inversión millonaria resolver un problema de control interno y corrupción estructural?
La experiencia internacional demuestra que los inhibidores ayudan, pero no sustituyen la vigilancia, los escáneres, la inteligencia penitenciaria ni la depuración del personal.
Los intentos vienen desde hace más de una década. Hubo proyectos en 2011, pruebas en 2014 y nuevos anuncios en 2019 y 2020. Sin embargo, el problema continuó creciendo hasta convertirse en una amenaza nacional vinculada a fraudes digitales y crimen organizado.
Ahora el Gobierno apuesta a que centros penitenciarios más modernos, como Las Parras, permitan implementar bloqueos más eficientes por estar alejados de grandes concentraciones urbanas.
Pero la discusión ya no puede quedarse solo en la tecnología.
Los bloqueadores son necesarios, sí. Pero ningún aparato resolverá por sí solo el colapso del sistema penitenciario dominicano. Porque cuando una cárcel funciona como centro de operaciones criminales, el problema no es únicamente la cobertura telefónica: es la falta de control del Estado dentro de sus propios muros.
