Por @Danylsavargas

En la República Dominicana existe un problema cotidiano que muchas veces se normaliza, pero que afecta profundamente la convivencia: la cultura del ruido.

Bocinas a todo volumen en barrios y residenciales, música que se extiende hasta la madrugada, motores modificados que retumban en las calles y vehículos con sistemas de sonido que convierten el espacio público en una discoteca improvisada. Todo esto forma parte de una realidad que miles de dominicanos enfrentan a diario.

El problema no es la música ni la celebración, que forman parte de la identidad cultural del país. El problema surge cuando el entretenimiento de unos se convierte en la imposición sobre el descanso, la tranquilidad o incluso la movilidad de los demás.

La discusión volvió a cobrar fuerza esta semana tras el incidente ocurrido en la autopista Las Américas, próximo al peaje, donde una concentración de los denominados “musicólogos” provocó un extenso taponamiento y afectó el tránsito de cientos de conductores. Los organizadores han argumentado que cuentan con autorización para reunirse en una zona que consideran de tolerancia, pero el hecho abrió una pregunta que va más allá de la legalidad de un permiso: ¿puede una actividad recreativa afectar derechos fundamentales de terceros sin que exista un cuestionamiento social?

Porque aún si una actividad cuenta con algún nivel de autorización, la convivencia exige evaluar sus consecuencias sobre la colectividad. El derecho al entretenimiento no puede colocarse por encima del derecho de los ciudadanos a desplazarse libremente, descansar o utilizar los espacios públicos sin verse obligados a participar de una actividad que no eligieron.

En cualquier sociedad organizada, la convivencia se sostiene sobre un principio básico: mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Sin embargo, en la práctica dominicana muchas veces parece ocurrir lo contrario. La tranquilidad del vecino, el descanso de una familia o el derecho de un conductor a llegar a tiempo a su destino quedan subordinados a la voluntad del que tiene la bocina más grande o del grupo que decide apropiarse temporalmente del espacio público.

Este fenómeno también revela algo más profundo, una débil cultura de respeto a las normas y al espacio colectivo. Cuando el ruido excesivo, el desorden o la ocupación arbitraria de áreas comunes se vuelven parte de la normalidad, se envía el mensaje de que el orden es opcional y que la convivencia depende más de la paciencia de los demás que de la responsabilidad propia.

Las autoridades han intentado intervenir en distintos momentos, pero el problema no se resuelve únicamente con operativos o decomisos de equipos. La solución pasa también por un cambio cultural, donde el respeto al descanso, al silencio, a la movilidad y al espacio del otro sea entendido como parte esencial de la vida en comunidad.

La verdadera discusión no es si alguien tiene derecho a escuchar música o a reunirse con otros. La discusión es si una sociedad puede seguir normalizando conductas que afectan a la mayoría bajo el argumento de la costumbre, la tolerancia o incluso la tradición.