Por Ana Jiménez

Quizás el título suene fuerte. Tal vez alguien piense que es exagerado. Pero cuando la frustración se acumula durante años de trabajo, de puertas tocadas y silencios recibidos, no hay otra forma más honesta de nombrarlo: es un grito de impotencia.

No hablo de un gobierno en particular. Hablo de un sistema que se ha ido normalizando en nuestro país, donde la sostenibilidad de muchos proyectos de comunicación depende —casi exclusivamente—de la publicidad estatal. Esa es una realidad que pocos dicen en voz alta, pero que casi todos conocen. Detrás de cada programa independiente hay equipos humanos que pagan colegios, alquileres, medicamentos, transporte y comida. Personas que estudiaron, se prepararon y eligieron la comunicación como forma digna de vida.

Trabajar en medios no es un pasatiempo. No es un hobby. Es una profesión. Durante más de dos décadas he sostenido un proyecto comunicacional con esfuerzo, coherencia y compromiso con la información responsable. Un espacio que ha sobrevivido a cambios de gobierno, crisis económicas y transformaciones tecnológicas. Un programa que no solo se transmite, sino que además mantiene presencia digital activa, cubriendo, difundiendo y amplificando informaciones de interés público, incluyendo —con responsabilidad institucional— las acciones oficiales.

Sin embargo, el acceso a la publicidad pública parece responder muchas veces a criterios que no son claros ni transparentes. Se percibe —desde afuera— que pesan más las relaciones, la cercanía, la presión o la conveniencia, que la trayectoria, la calidad y la seriedad del trabajo. Y cuando eso ocurre, no solo se afecta a un productor o a un programa: se debilita el ecosistema de la comunicación independiente.

El comunicador que intenta ser equilibrado, crítico cuando corresponde y respetuoso siempre, suele quedar fuera de los beneficios del sistema. No por falta de audiencia. No por falta de capacidad. Sino por no pertenecer al círculo correcto.

Y esto no es un reclamo personal aislado. Es el sentir de muchos que trabajan con ética, que no gritan consignas ni repiten líneas, que no cambian su voz por conveniencia. Somos, en muchos casos, los “huérfanos” del apoyo estatal en comunicación, aun cuando cumplimos con difundir lo institucional con responsabilidad.

La publicidad gubernamental no es un favor: es un recurso público. Y como tal, debería distribuirse bajo criterios públicos, medibles y transparentes. Con reglas claras. Con igualdad de oportunidades.

Con respeto a la diversidad de voces.

Este no es un ataque. Es un llamado. No es confrontación: es conciencia. Porque cuando se debilita la comunicación independiente, pierde la democracia.

Este es un grito de impotencia, pero también de dignidad profesional. Porque seguimos aquí.

Trabajando. Informando. Resistiendo. Y creyendo que todavía vale la pena hacerlo bien.