Por Danylsa Vargas

La realidad de nuestras cárceles es que funcionan con más del 60 % de hacinamiento, condiciones inhumanas y una débil orientación hacia la rehabilitación, revelando que las prisiones dominicanas operan como bodegas de delincuencia, no como centros de reinserción.

En la República Dominicana, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) reconoce avances limitados, pero los informes independientes son contundentes: cárceles sobrepobladas, internos sin condiciones dignas, falta de programas efectivos de rehabilitación y una justicia lenta que mantiene a miles de personas en prisión preventiva sin una condena definitiva.

El sistema penitenciario está colapsado y, como consecuencia, lejos de reducir la criminalidad, puede contribuir a reproducirla.

Desde nuestras cárceles operan estructuras dedicadas a estafas electrónicas, extorsiones y otras modalidades del crimen organizado. En algunos casos, incluso se han vinculado centros penitenciarios con la planificación de secuestros, asesinatos y redes delictivas que continúan funcionando tras las rejas.

Los acontecimientos recientes ocurridos en el Centro Correccional Las Parras han vuelto a encender las alarmas. El incidente demuestra que construir nuevas instalaciones o trasladar internos a infraestructuras modernas no garantiza por sí solo un sistema penitenciario eficiente, seguro y orientado a la rehabilitación.

Las Parras fue concebida como símbolo de transformación y modernización del sistema carcelario dominicano. Sin embargo, los hechos recientes evidencian que el verdadero desafío va mucho más allá del cemento y las paredes. Sin controles efectivos, personal capacitado, inteligencia penitenciaria, supervisión permanente y una política clara de reinserción social, cualquier nueva cárcel corre el riesgo de reproducir los mismos problemas que pretende sustituir.

El debate debe trascender la construcción de más cárceles. La verdadera reforma implica enfrentar la sobrepoblación, reducir el abuso de la prisión preventiva, fortalecer los programas educativos y laborales, profesionalizar al personal penitenciario y recuperar el control efectivo de los recintos.

Es hora de que la República Dominicana aborde el sistema penitenciario como una prioridad de Estado y no como un tema marginal.

Cuando decimos que las cárceles dominicanas están colapsadas no hablamos únicamente de edificios deteriorados o espacios insuficientes. Hablamos de un modelo que no logra garantizar derechos, proteger a la sociedad ni transformar conductas.

Si queremos un país más seguro, justo y humano, debemos comprender que la prisión no puede limitarse al castigo. Debe ser una oportunidad de rehabilitación y reinserción. Porque cuando esa oportunidad fracasa, no solo pierde el interno: pierde la víctima, pierde la seguridad ciudadana y pierde la sociedad entera.