Por @DanylsaVargas
La desesperación de ciertos sectores políticos, representados en el Congreso Nacional, parece haberlos llevado a creer que encontraron la fórmula para controlar los demonios que ellos mismos ayudaron a crear. En su afán por blindarse, incorporaron al nuevo Código Penal disposiciones que, mientras procuran ofrecer protección frente a prácticas reprochables, también terminan afectando derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Y hablo de demonios porque todos sabemos que la irrupción de las plataformas digitales, sin reglas claras ni mecanismos eficaces de control, abrió espacio para quienes hicieron del chantaje, la difamación y la extorsión un modelo de negocio. Negar esa realidad sería irresponsable.
Pero también sería ingenuo ignorar quién alimentó ese fenómeno durante años. La política dominicana, sin importar colores partidarios, convirtió el descrédito personal y la destrucción de reputaciones en una estrategia electoral. El “quítate tú para ponerme yo” dejó de ser una simple consigna para transformarse en un método de hacer política. Lo que sembraron terminó convirtiéndose en un monstruo que hoy amenaza con devorarlos.
No tengo dudas de que la extorsión, el chantaje y la difamación dolosa deben perseguirse y sancionarse. Constituyen una grave violación a los derechos de las personas y no pueden confundirse con el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Sin embargo, combatir esos excesos no puede servir de excusa para aprobar disposiciones que terminan generando un efecto inhibidor sobre el periodismo, la comunicación y el derecho de los ciudadanos a denunciar asuntos de interés público.
Cuando una legislación es tan amplia o ambigua que puede hacer pensar dos veces a un periodista antes de publicar una investigación, a un ciudadano antes de denunciar un acto de corrupción o a un comunicador antes de emitir una opinión crítica, el problema deja de ser únicamente jurídico y pasa a ser democrático.
La libertad de expresión no existe para proteger los discursos cómodos ni las opiniones complacientes. Existe, precisamente, para garantizar el derecho a cuestionar al poder, fiscalizar a los funcionarios y denunciar aquello que afecta al interés colectivo.
El Estado tiene la obligación de proteger el honor y la dignidad de las personas, pero esa protección no puede construirse sacrificando otro derecho fundamental. El equilibrio entre ambos derechos es el verdadero reto de cualquier democracia.
Paradójicamente, quienes hoy impulsan normas más restrictivas son, en muchos casos, los mismos actores que durante años utilizaron la desinformación, la difamación y las campañas de descrédito como herramientas políticas. Ahora pretenden apagar un incendio con medidas que corren el riesgo de quemar también a quienes ejercen el periodismo con responsabilidad.
Porque una democracia no se fortalece cuando el poder encuentra nuevas formas de protegerse de la crítica. Se fortalece cuando es capaz de combatir los abusos sin restringir las libertades.
Indudablemente, el nuevo Código Penal contiene avances importantes. Pero también hay artículos que deben revisarse y entuertos que es necesario corregir antes de su entrada en vigor. De lo contrario, el remedio podría resultar peor que la enfermedad, y lo que hoy algunos pretenden utilizar como un mecanismo de protección podría terminar convirtiéndose en el bumerán que se lleve a muchos de camino.
Porque las leyes concebidas para proteger derechos nunca deben terminar siendo utilizadas para restringir libertades.
