Por Danylsa Vargas

La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos nació con una promesa: ordenar la vida interna de los partidos y fortalecer la democracia.

Pero varios años después, algunas de sus disposiciones han sido declaradas inconstitucionales, inaplicables o han tenido que ser reinterpretadas por los tribunales.

Y eso debería provocarnos una reflexión, ¿estamos legislando correctamente o estamos dejando que los jueces corrijan lo que el Congreso aprueba?

El Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir sobre disposiciones relacionadas con la democracia interna, la propaganda política, la libertad de expresión y el derecho a elegir y ser elegido.

El problema no es solamente jurídico, también es político.

Los partidos son instrumentos fundamentales de la democracia. Por eso resulta preocupante que algunas reglas creadas para regularlos terminen restringiendo derechos fundamentales.

La Constitución no puede ser el borrador que el legislador consulta después de aprobar una ley, pero hoy es evidente que así funciona.

Y hay otra pregunta todavía más incómoda, ¿tenemos partidos verdaderamente democráticos o estructuras políticas donde las grandes decisiones continúan concentradas en las cúpulas?

La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También implica participación, competencia, igualdad y reglas.

Por eso necesitamos una legislación electoral y partidaria que no sea diseñada pensando en quién tiene el poder hoy, sino en qué democracia queremos tener mañana.