Por Ana Jiménez, periodista

En medio de una reforma de la Policía Nacional que promete profesionalización, respeto a los derechos fundamentales y una nueva relación con la ciudadanía, hay una realidad que debería preocuparnos: la cantidad de personas que continúan muriendo durante intervenciones policiales.

En apenas cuatro días se reportaron seis muertes en actuaciones policiales en Azua, Dajabón y Santo Domingo Este. Otros recuentos periodísticos, dependiendo de los casos y el período considerado, elevaron a ocho las muertes ocurridas en aproximadamente 72 horas.

Y el acumulado resulta todavía más preocupante: reportes periodísticos sitúan en alrededor de 165 las personas muertas por agentes policiales en lo que va de 2026.

Pero hay algo que me preocupa tanto como las propias cifras:

¿Por qué estamos tan pasivos frente a estas muertes?

¿Nos estamos acostumbrando a escuchar que alguien “cayó abatido en un intercambio de disparos” y simplemente seguimos adelante?

Esto no significa defender delincuentes.

La República Dominicana enfrenta atracos, robos y hechos violentos que afectan diariamente a ciudadanos trabajadores. La Policía tiene la obligación de perseguir a quienes delinquen y sus agentes tienen derecho a defender sus vidas cuando son atacados.

Pero una cosa no puede justificar la otra.

El delincuente que pueda ser apresado debe ser apresado y sometido a la justicia.

Cuando una persona muere a manos de agentes del Estado, tenemos derecho a saber exactamente qué ocurrió. Cada caso debe ser investigado de manera independiente y transparente.

Y la pregunta adquiere todavía mayor importancia porque estas muertes están ocurriendo en medio de una reforma policial.

Entonces debemos preguntarnos:

¿Estamos formando una Policía diferente?

¿Se están revisando los protocolos sobre el uso de la fuerza?

¿Quién investiga cada una de estas muertes?

¿Dónde están los resultados de esas investigaciones?

La sociedad dominicana no tiene que escoger entre delincuencia y abuso policial.

Queremos una Policía fuerte frente al crimen, pero sometida a la Constitución y a las leyes.

Ni impunidad para los delincuentes, ni silencio ante posibles excesos.

Lo verdaderamente peligroso sería acostumbrarnos.

Porque una sociedad que comienza a ver como normal que las personas mueran una detrás de otra en actuaciones policiales termina perdiendo algo fundamental: su capacidad de indignarse y exigir explicaciones.

Y en medio de una reforma policial, estas cifras no pueden pasar inadvertidas.

Ana JiménezPeriodista