Por Ana Jiménez

De los 391 kilómetros de frontera entre República Dominicana y Haití, apenas 54.5 cuentan con verja perimetral terminada, mientras el tráfico ilícito de migrantes, los pasos informales y las posibles complicidades siguen generando preocupación.

La frontera dominico-haitiana continúa siendo uno de los mayores desafíos para la seguridad nacional. Su extensión aproximada de 391 kilómetros, de los cuales apenas 54.5 cuentan con verja perimetral terminada, plantea serias interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar una vigilancia efectiva en toda la línea divisoria.

Aunque las autoridades aseguran mantener desplegados alrededor de 11,000 militares, apoyados por drones, cámaras de vigilancia, patrullajes y equipos tecnológicos, la realidad es que más de 336 kilómetros permanecen sin esa infraestructura física. Esto no significa que estén completamente desprotegidos, pero sí obliga a preguntarnos qué tan efectivos son los mecanismos de control existentes.

La preocupación adquiere mayor dimensión cuando observamos lo que ocurre en Dajabón y otras comunidades fronterizas, donde el comercio binacional convive con los desafíos de la migración irregular, el contrabando y las redes dedicadas al tráfico ilícito de personas.

El tráfico de migrantes se ha convertido en un negocio criminal que mueve importantes sumas de dinero y que difícilmente puede combatirse únicamente con retenes militares. La existencia de intermediarios, transportistas y rutas clandestinas exige investigaciones que permitan identificar a los verdaderos responsables y determinar si existen complicidades que facilitan estas operaciones.

En ese contexto, resulta preocupante que, pese a los controles establecidos, continúen registrándose casos de tráfico ilícito de migrantes. La Dirección General de Migración informó que durante 2025 fueron judicializados 159 casos relacionados con esta actividad delictiva.

Estas cifras obligan a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia, la persecución judicial y la supervisión de los organismos responsables de custodiar la frontera.

Dajabón merece especial atención. Su ubicación estratégica y su importancia comercial convierten esta provincia en uno de los principales puntos de contacto entre ambos países. Sin embargo, también existen zonas rurales, caminos y pasos informales cuya vigilancia representa un desafío permanente.

La situación de inseguridad que atraviesa Haití, agravada por la presencia de bandas armadas y la debilidad de sus instituciones, constituye otro elemento que no puede ignorarse. República Dominicana necesita mantener una política de prevención que impida que las organizaciones criminales aprovechen las vulnerabilidades de la frontera para desarrollar actividades ilícitas.

No se trata de criminalizar a los ciudadanos haitianos ni de desconocer la importancia del intercambio comercial entre ambas naciones. Se trata de reconocer que la protección del territorio dominicano es una responsabilidad irrenunciable del Estado y que las actividades delictivas deben enfrentarse independientemente de la nacionalidad de quienes las cometan.

La construcción de la verja fronteriza representa una inversión importante, pero por sí sola no resolverá los problemas acumulados durante décadas. La seguridad requiere tecnología, inteligencia, vigilancia permanente, transparencia y, sobre todo, voluntad institucional para enfrentar las redes que se benefician del tráfico de personas.

También es necesario investigar con rigor cualquier denuncia sobre posibles cobros ilegales o complicidades dentro de los organismos encargados de proteger la frontera. Las instituciones militares y migratorias deben contar con mecanismos efectivos de supervisión que garanticen el cumplimiento de sus responsabilidades.

El país tiene derecho a conocer cuánto se ha invertido en la construcción de la verja, cuáles son los resultados concretos de los operativos fronterizos y cuántas organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes han sido desmanteladas.

No basta con anunciar detenciones y deportaciones. Es necesario perseguir a quienes organizan, financian y obtienen beneficios económicos de estas actividades.

La frontera dominico-haitiana no puede convertirse en un espacio donde las redes criminales encuentren oportunidades para operar aprovechando las dificultades geográficas o las debilidades institucionales.

La República Dominicana necesita una política fronteriza integral que combine seguridad, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y respeto a los derechos humanos.

La verdadera seguridad nacional no se mide únicamente por los kilómetros de verja construidos ni por la cantidad de soldados desplegados, sino por la capacidad del Estado para ejercer un control efectivo de su territorio.

Mientras persistan las rutas clandestinas, el tráfico ilícito de migrantes y las interrogantes sobre posibles complicidades, la frontera seguirá representando un desafío que exige respuestas concretas.

Porque proteger la frontera no es solamente levantar un muro: es garantizar que la soberanía dominicana se respete en cada kilómetro del territorio nacional.