Justicia. El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencias de hasta 10 años de prisión contra los integrantes de una red criminal desmantelada por la Operación Gavilán. Los acusados manipulaban los registros de antecedentes penales a cambio de sobornos, alterando la base de datos del Ministerio Público.

Los condenados con 10 años de prisión son Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Giberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño recibieron una condena de 10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos del sector público.

En el caso de Peña Cedeño, además, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un período de cinco años.

Mientras, Mártires Rosario Reyes fue condenado a 7 años de prisión, distribuidos en 3 años y 6 meses de prisión domiciliaria, y 3 años y 6 meses suspendidos. También deberá pagar una multa de 5 salarios mínimos.

Alfredo Mirambeaux recibió una pena de 8 años de prisión, con 6 años en prisión domiciliaria y 2 años suspendidos. Además, deberá abonar 5 salarios mínimos.

Rubén Darío Morbán y Luis Alfredo Astacio Polanco fueron sentenciados a 6 años de prisión, en la modalidad de 3 años de prisión domiciliaria y 3 años suspendidos, con una multa de 5 salarios mínimos.

Domingo Julio Santana fue condenado a 5 años de prisión, en modalidad de 2 años y 6 meses de prisión domiciliaria y 2 años y 6 meses suspendidos.

Además, el tribunal ordenó la disolución definitiva de Nexcon Technology, en cumplimiento con la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Se acogieron criterios de oportunidad para los procesados Jancely Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, quienes no fueron condenados.

Las penas deberán cumplirse en el centro de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

Por otro lado, los procesados Dilcia Argentina Núñez Santos, Romanqui Alexander Dotel Medina y Yokaira Quezada Carmona fueron absueltos, y las costas del juicio fueron declaradas de oficio.

Los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey representaron al Ministerio Público ante el tribunal, integrado por los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, quienes fijaron la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 4 noviembre de 2025.
El órgano acusador demostró de forma objetiva y coherente la existencia de una estructura criminalidad organizada, en la modalidad del Cibercrimen,  ejecutando de manera deliberada maniobras informática fraudulentas de acceso ilícito para alterar, borrar, modificar, afectar, eliminar y dañar los datos y registros delictivos (fichas) de los ciudadanos que violentaron las leyes penales en el sistema de justicia dominicano, y que se encontraban registrados y almacenados en la Base de Datos de la infraestructura tecnológica de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público.

Esta actividad delictiva ejecutada por los condenados fue realizada con el único objetivo de obtener beneficios económicos ilícito mediante el pago, la recepción de sobornos y corrupción, exigiendo el pago en efectivo, depósitos y transferencias bancarias de forma directa por los procesados e investigados que mantenían el interés de limpiar su historial delictivo consistentes en las fichas o antecedentes penales e impedimento de salidas.

La estructura criminal sancionada no solo constituyó una grave amenaza a la Seguridad Jurídica y al Sistema de Justicia Penal de la República Dominicana, sino que permitió la evasión ante las autoridades, de personas que se encontraban con procesos penales ante los tribunales o que habían cometido un ilícito de cualquier naturaleza.

Los condenados facilitaron la obtención de documentos o pasaporte como consecuencia del borrado de los antecedentes penales en las bases de datos oficiales, que le permitieron burlar los controles migratorios y fronterizos del país.