Aunque la reciente aprobación del Código Penal representa un hito para el país y un logro importante para el Gobierno, por tratarse de su primera reforma integral desde 1844, su contenido ha dejado un mal sabor y generado fuertes cuestionamientos en diversos sectores de la sociedad.

Tras su aprobación final el pasado jueves en el Senado, diversas voces de la sociedad no se han hecho esperar, y desde ya advierten que más allá de los avances que contiene la pieza como la tipificación de nuevos delitos, este también representa un retroceso en conquistas sociales alcanzadas en materia de derechos humanos, equidad de género y la lucha contra la corrupción.

El dirigente de izquierda, Narciso Isa Conde criticó duramente la pieza, de la cual mediante un comunicado señaló de haber sido diseñada para reforzar y facilitar la corrupción.

Según Isa Conde, el nuevo texto promueve los privilegios de la clase dominante y ofrece grandes beneficios en favor de la corrupción que estos ejercen.

De manera puntual se refirió al artículo 14 que libera de responsabilidad penal al Estado, las alcaldías, distritos municipales, iglesias y partidos políticos. Señaló el artículo 32 que reduce el período de prescripción de los delitos de corrupción a los 20 años liberándola de sanción penal y desconociendo que los delitos son irreversibles y siempre sancionables.

Asimismo, también criticó el establecimiento de la jurisdicción militar y policial privilegiada para proteger a la alta oficialidad delincuente, criminal y represiva.

En el mismo tenor, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y exdiputado, Vinicio Castillo Semán aseguró que la pieza pone en peligro la soberanía nacional.

De acuerdo con Castillo, el Código afectará sensiblemente la lucha contra el tráfico de ilegales, de droga y de otros ilícitos ya que la revisión de los vehículos que se pueda considerar injustificada es constitutiva de infracción con prisión para los militares y oficiales de Migración.

En el caso del narcotráfico y armas ilícitas indicó que se favorece y protege su transporte dentro del territorio nacional, así como la disminución de operativos del ejército y migración en la frontera dado que, en lo adelante existirá en militares temor de caer presos por detener autobuses, camiones y jeepetas, para fines de revisión.