Por @Danylsa Vargas

La colaboración judicial de los imputados ha sido presentada como una evolución del sistema penal dominicano. Una figura moderna, eficaz y necesaria para enfrentar delitos complejos. Sin embargo, su uso reiterado plantea una inquietud mayor: cuando la justicia negocia demasiado, corre el riesgo de perder autoridad moral.

En la práctica, el colaborador no es un ciudadano arrepentido, sino un imputado que administra información como moneda de cambio. Decide qué contar, a quién señalar y hasta dónde llegar, siempre calculando el beneficio personal. La verdad que emerge no es plena, sino dosificada y estratégicamente diseñada.

El problema se agrava cuando la colaboración deja de ser excepcional y se convierte en rutina. Entonces el sistema penal comienza a premiar la utilidad del imputado, no la magnitud de su culpa. Quien delata, reduce su pena; quien guarda silencio, aun con menor responsabilidad, enfrenta todo el peso del proceso. El mensaje es peligroso: no importa lo que hiciste, importa lo que puedas ofrecer.

El Ministerio Público tiene en sus manos una herramienta poderosa, pero también delicada. Sin criterios públicos claros, sin proporcionalidad real y sin resultados visibles en condenas firmes, la colaboración judicial puede degenerar en un atajo institucional para suplir investigaciones incompletas o acelerar casos de alto impacto mediático.

La justicia no puede sostenerse sobre relatos negociados. Necesita pruebas, rigor y consecuencias reales. De lo contrario, lo que se fortalece no es el Estado de derecho, sino una justicia transaccional: eficiente en el discurso, débil en legitimidad.