Por Ana Jiménez

La reciente iniciativa que busca impedir que la Junta Central Electoral entregue recursos a partidos vinculados al narcotráfico reabre un debate necesario: el financiamiento político en la República Dominicana.

Más allá de la propuesta, la realidad es que el país ya cuenta con un marco legal que, aunque no menciona directamente el narcotráfico en la ley de partidos, sí lo aborda de manera implícita. La Ley de Partidos establece que las organizaciones políticas solo pueden recibir recursos de origen lícito, obliga a la transparencia y prohíbe el uso de fondos ilegales. A esto se suma la Ley Electoral, que regula el control del gasto en campañas, y la Ley de Lavado de Activos, que sanciona penalmente el uso de dinero proveniente del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico.

El problema, por tanto, no es la ausencia de leyes, sino su aplicación.

Detectar dinero ilícito en campañas no es sencillo. Se utilizan mecanismos como testaferros, donaciones fragmentadas, financiamiento en efectivo y aportes indirectos.

Combatir esto requiere auditorías reales, cruce de información con organismos financieros y, sobre todo, voluntad política.
Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que los propios partidos han sido incapaces de depurar sus estructuras.

Casos de dirigentes señalados, investigados e incluso extraditados por narcotráfico han golpeado la credibilidad del sistema político en su conjunto.

Aquí surge una contradicción inevitable: muchos de los actores que hoy impulsan reformas participaron en la aprobación de las leyes vigentes. Si estas presentan debilidades, la responsabilidad también es compartida.

La discusión no debe centrarse únicamente en nuevas propuestas, sino en hacer cumplir las normas existentes. Sin fiscalización efectiva ni consecuencias reales, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en un simple discurso.

El combate al narcotráfico en la política no se logrará con más leyes, sino con instituciones fuertes, controles independientes y decisiones firmes, incluso cuando afecten intereses internos