En una democracia sana, el periodismo investiga y la justicia decide. Cuando esa línea se desdibuja, el problema no es individual: es institucional.
República Dominicana ha sido escenario, en los últimos años, de casos que estallaron tras reportajes televisivos de alto impacto y que terminaron en procesos judiciales, reputaciones destruidas y colapsos económicos.
Recordamos a Laboratorios Noruel, fabricantes del desrizante BPT, cuya marca cayó en desgracia luego de denuncias difundidas en televisión sobre presuntos efectos adversos del producto. En su momento se habló de caída de cabello y de testimonios que generaron alarma pública. Con el paso del tiempo, surgieron cuestionamientos y versiones encontradas. También circularon rumores sobre posibles intereses comerciales detrás del escándalo. Nada de eso fue judicialmente probado.
Está el caso de Ramón Rosario, promotor de medicina natural y del producto Desintrix, quien fue objeto de un reportaje crítico antes de su trágica muerte en 2014 por un disparo en la cabeza. Oficialmente se habló de un hecho accidental; otras versiones apuntaron a suicidio. Lo cierto es que nunca hubo una decisión judicial que estableciera responsabilidades derivadas del impacto mediático.
Más reciente fue el proceso contra Karla Moya Boada, acusada de ejercer la medicina sin cumplir con los requisitos legales en el país. Tras el debido proceso, fue absuelta por los tribunales.
Y también el caso de Elizabeth Silverio, condenada en primera instancia por ejercicio ilegal y falsificación de credenciales, pero cuya sentencia fue posteriormente anulada para la celebración de un nuevo juicio.
¿Qué tienen en común estos episodios?
Que todos explotaron después de investigaciones televisivas.
Que todos generaron una condena social inmediata.
Y que en varios de ellos, el desenlace judicial no coincidió con la sentencia pública inicial.
No se trata de cuestionar el rol del periodismo. La investigación es esencial en cualquier sistema democrático. Sin prensa libre no hay transparencia. Pero tampoco puede ignorarse que la opinión pública, cuando se forma sin el respaldo de una sentencia firme, puede convertirse en una condena anticipada.
El debido proceso no es un tecnicismo jurídico. Es la columna vertebral del Estado de Derecho. Garantiza que nadie sea declarado culpable sin pruebas suficientes, sin contradicción, sin defensa.
Cuando la percepción sustituye a la prueba, y el micrófono parece pesar más que el expediente, la institucionalidad se debilita.
La polémica actual entre figuras del ámbito médico y mediático vuelve a colocar sobre la mesa la misma interrogante: ¿estamos respetando los tiempos y garantías de la justicia o estamos permitiendo que la condena pública anteceda a la judicial?
No se trata de defender nombres propios ni de atacar comunicadores. Se trata de preservar principios.
Porque cuando la justicia se desacredita condenando sin pruebas contundentes —o cuando la presión mediática condiciona el curso institucional— el riesgo no es para uno, es para todos.
En un Estado democrático, la crítica es legítima. La fiscalización es necesaria. Pero la sentencia corresponde exclusivamente a los tribunales.
Confundir micrófono con martillo judicial es un error que puede costar reputaciones, empresas, carreras y vidas.
Y cuando la institucionalidad pierde equilibrio, nadie está verdaderamente a salvo.
Ana Jiménez
Comunicadora | Periodista
Directora de Infórmate
