Por @Danylsa Vargas

Más de la mitad de los trabajadores dominicanos operan fuera del sistema formal, sin seguridad social ni derechos básicos, lo que frena el desarrollo del país y condena a generaciones a la vulnerabilidad.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) e informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) queda claro que la informalidad laboral en la República Dominicana no es una excepción momentánea, hablamos de un fenómeno estructural.

Por ejemplo, en 2024 se estimó que la tasa de empleo informal rondó el 54.8 % de la población ocupada. En 2025, datos preliminares del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) sitúan la informalidad en 53.4 %, su nivel más bajo registrado, pero aún altísimo.

Los factores que alimentan la informalidad en el país señalan:

• Trabas regulatorias y de formalización: Iniciar una empresa, registrar actividades, cumplir con requerimientos formales muchas veces tienen costos elevados o procedimientos poco ágiles.
• Economía de subsistencia: Muchas personas trabajan por necesidad, en pequeñas actividades sin otra opción.
• Cultura empresarial y de trabajo informal que se normaliza: un vendedor ambulante, un taller “en casa”, un empleo sin contrato, todos generan ingresos, pero sin la formalización que permite crecimiento.

Esto reduce la capacidad del Estado de recaudar de forma sostenible, lo que dificulta financiar salud, educación, infraestructura, entre otras.

La informalidad laboral no es un “mal menor”. Es una fábrica de pobreza para individuos, familias y el país. Cada vez que permitimos que más de la mitad del empleo esté al margen de la formalidad, estamos aceptando que gran parte de la población viva sin derechos y sin futuro. Es hora de que los actores, gobierno, sector privado, sociedad civil, dejen de verlo como inevitabilidad y lo vean como un problema estructural que exige reforma estructural.