Por @Danylsavargas

El Congreso Nacional, concebido como pilar de la democracia, se ha convertido en uno de los espacios más cuestionados por la ciudadanía dominicana. De ser símbolo de la representación del pueblo, ha pasado a ser sinónimo de descrédito, improvisación y privilegio.

La degradación del Congreso no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de años de clientelismo político, falta de enfoque en su verdadero rol, pérdida de independencia y una cultura institucional basada más en conveniencias que en convicciones. Es una realidad que muchos de sus miembros, responden más a los intereses de sus partidos o de grupos económicos que a las verdaderas necesidades del pueblo.

El Congreso, que debería ser el centro del debate nacional, hoy produce más titulares por escándalos y prebendas que por leyes transformadoras. Las ausencias que marcan los hemiciclos y los proyectos archivados se han vuelto rutina. En cambio, los temas realmente urgentes, como las grandes reformas, el fortalecimiento institucional y judicial o la equidad de género, siguen acumulando polvo en las comisiones.

La función principal del Congreso, la creación de leyes, lejos de fortalecer el sistema democrático, se ha transformado en un foco de preocupación. Con el paso del tiempo, las legislaciones evacuadas evidencian una alarmante pérdida de calidad, acumulando cuestionamientos y siendo objeto de reiterados fallos del Tribunal Constitucional, que en numerosos casos terminan anulándolas.

El deterioro también es moral. La política del “favor”, del “yo te consigo eso”, ha invadido la labor legislativa. Muchos legisladores se ven más como gestores de empleos y ayudas sociales que como creadores de leyes. Así, el Congreso se reduce a un escenario de negociación, no de marco jurídico o visión nacional.

Esta degradación del proceso legislativo no es accidental ni atribuible a un solo período o fuerza política. Es el resultado de una responsabilidad compartida por todos los partidos mayoritarios que han ejercido control, influencia o mayoría en el Congreso, y que desde el poder o la oposición, han priorizado cálculos políticos, improvisación o conveniencia coyuntural por encima de la calidad normativa y del interés público.

Los ciudadanos de cada demarcación también su cuota de responsabilidad, nadie se interesa por cuestionar o buscar las rendiciones de cuentas de los legisladores, que debo reconocer, que muchos cumplen con ese requisito, pero es como un simple cumplimiento, es lanzar una voz al vacío. Y es que cuando un órgano pierde el respeto ciudadano, pierde también su autoridad moral.

El rescate de nuestro Congreso exige valentía política. Se necesita interés en reformar su estructura, transparentar sus gastos, eliminar privilegios y devolverle al debate legislativo su sentido público. También urge una nueva generación de legisladores que entienda la función como un servicio, no como una carrera de ascenso económico.

Dicen que el Congreso es el reflejo del país, analice usted entonces como nos vemos en RD…