Una serie de factores socioeconómicos, políticos e institucionales difíciles de neutralizar tiene que ser tomada en cuenta antes de celebrar el limitado, y quizás pasajero, descenso de la conflictividad social calculada en el país en 30% de los actos violentos por el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Australia, dato reproducido por el Gobierno dominicano para reclamar mérito. Se trata de un ente externo que sigue viendo a esta nación desafiada a fortalecer la seguridad ciudadana, con la mitad de las muertes trágicas a nivel nacional el año pasado ocurridas mayormente entre contertulios de vecindades a partir de ofensas y conflictos personales, como consecuencia de entusiasmos impulsados por el alcohol y por la más pavorosa tendencia en esta parte del Caribe al feminicidio casi siempre íntimo o como obra de pretendientes frustrados.

Si las crisis económicas globales son vistas por expertos en capacidad de insuflar la conflictividad social hacia diferentes direcciones, mueve a reflexión el pronóstico que para este año formuló la fundación Mapfre Economics a partir del vuelco en el tablero de riesgos internacionales causado por Estados Unidos con la imposición de aranceles que colocan al comercio mundial en incertidumbre. «Los altos niveles de deuda pública y privada» siguen siendo una amenaza para la estabilidad financiera mundial y por elevados niveles de endeudamiento de los Estados, trayendo a la memoria a República Dominicana.

Ocurre que sí: las devaluaciones monetarias y la combinación de estancamiento con inflación que multiplican el desempleo y erosionan el ingreso familiar tienden a repercutir en mayores descontentos sociales, protestas y exacerbación de tensiones. Crisis económicas globales como las ocurridas en el 2008 y a raíz de la pandemia tuvieron efectos devastadores en la vida de las personas y las sociedades con una República Dominicana que pasó a pasar por más horas de inactividad por los toques de queda que en labores productivas.

Frustración y resentimiento abaten a grupos sociales y abren espacio a la conflictividad cuando los puestos de trabajo y el poder adquisitivo se esfuman y entre las peores consecuencias de la falta de paz y disminución de la convivencia en los sectores más desfavorecidos figura la inclinación de jóvenes y adultos a comportamientos violentos y a que la criminalidad aumente. En algún momento del año pasado el centro de estudios Padre Juan Montalvo llegó a vaticinar una proliferación de reacciones agresivas en la población sobre todo en las áreas urbanas en las que predominan adolescentes que no estudian ni trabajan.