La pasada semana mi escrito versó sobre la degradación notoria en nuestro Congreso Nacional. Indudablemente, ese análisis desde hace tiempo me lleva a pensar en el Voto Preferencial o la Lista Cerrada.

En República Dominicana ha resurgido con timidez, pero latente, el debate sobre si debe volver al sistema de lista cerrada para elegir a los diputados. Se trata de una discusión que va mucho más allá de una simple modificación técnica: es una cuestión sobre quién debe tener el verdadero poder de decidir quiénes nos representan en el Congreso.

Si bien es cierto que bajo la lista cerrada, los votantes no eligen a los candidatos individualmente, sino al partido político. Luego, los escaños se asignan conforme al orden en que el partido haya colocado a sus aspirantes en la lista, no obstante, cuando damos una mirada al pasado lo que vemos es que los legisladores eran personas con mayor formación y que planteaban reales debates en la Cámara de Diputados.

En cambio, el voto preferencial, vigente desde 2010, permite a los ciudadanos marcar directamente el candidato de su preferencia dentro del partido, dándole un rostro más personal a la representación.

Quienes defienden el regreso a la lista cerrada alegan que el voto preferencial ha degradado la política interna. Es cierto: la competencia entre compañeros de partido ha multiplicado el gasto electoral, ha alimentado el clientelismo y ha fomentado el individualismo político, estableciendo así que gana quien tiene más dinero, no su preparación intelectual o política.

Desde esa óptica, la lista cerrada devolvería el control y la coherencia a los partidos políticos, permitiría campañas más baratas y ordenadas, y fortalecería la institucionalidad interna. Pero ese argumento tiene una trampa.

Volver a la lista cerrada sería también restarle poder al ciudadano. El voto preferencial, con todos sus defectos, al menos permite a la gente premiar o castigar personas dentro de los partidos. En cambio, el sistema cerrado entregaría a las cúpulas partidarias el monopolio total de las candidaturas. Los líderes decidirían, a puertas cerradas, quién sube y quién baja, quién repite y quién se queda fuera.
En otras palabras, el Congreso pasaría a ser aún más una extensión de las direcciones partidarias que una representación del pueblo.

La pregunta clave no es si debemos volver o no al sistema de lista cerrada, sino cómo logramos un sistema que combine orden, transparencia y representación real. No se trata de elegir entre “más partidos” o “más candidatos”, sino de crear reglas que aseguren que ambos sirvan al votante, no a sí mismos.

Aquí definitivamente entra un ejercicio ciudadano, quienes somos co responsables de ese desastre a la hora de dar nuestro voto. A quienes tenemos representándonos en el Congreso Nacional somos los ciudadanos, el pueblo quienes los elegimos. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad en la degradación de ese órgano, por muchas veces elegir mal, dejándonos llevar por el bulto, allante y movimiento.