El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitó a la Procuraduría General de la República hacer una investigación penal por presuntos actos de corrupción, manejo irregular de fondos públicos y violaciones a leyes constitucionales, administrativas y penales vinculadas al Fideicomiso DO Sostenible.

La instancia fue depositada por una comisión integrada por Víctor Feliz, secretario nacional de asuntos municipales, y el diputado Ramón Raposo, junto a los abogados José Fernando Pérez Volquez, José Juan Zapata, Henry Blanco y Jacinto Santos Santos, del PRD.

En la instancia dirigida a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, solicitan abrir una investigación penal, realizar auditorías forenses y financieras al fideicomiso y sus contratos, disponer medidas cautelares para prevenir más daños al erario e investigar responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de particulares.

Detallan que entre 2021 y 2024 el fideicomiso recaudó más de RD$7,978 millones, sin embargo, apenas ejecutó un 38.8 % de esos fondos, de los cuales un 80 % fue canalizado exclusivamente a dos empresas privadas: Cilpen Global Business S.R.L. y Relleno Sanitario Vermont S.R.L.

Según el PRD, estas cifras generan alarmas sobre un posible esquema de concentración de recursos, opacidad contractual y violaciones a la Ley 28-23 sobre fideicomiso público, la Ley 340-06 de compras y contrataciones y la Ley 225-20 sobre residuos sólidos.

El documento de denuncia con copia a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostiene que Cilpen Global habría recibido más de RD$1,337 millones en solo dos años, a pesar de tener una capacidad limitada a 300 toneladas diarias, lo que, a juicio del partido, “no justifica técnica ni legalmente semejante asignación presupuestaria”.

“Estas operaciones, marcadas por la discrecionalidad, el privilegio y la falta de transparencia, podrían constituir graves violaciones al artículo 39 de la Constitución sobre igualdad ante la ley, al artículo 50.1 sobre libre competencia y al 68 sobre garantías fundamentales”, señala el comunicado.

Asimismo, la denuncia enfatiza que no existe acceso público a auditorías técnicas ni a informes que expliquen cómo y por qué fueron adjudicados los millonarios contratos a esas dos empresas.

Mientras tanto —sostiene el partido— gobiernos locales, asociaciones comunitarias y microempresas recicladoras han sido marginadas del acceso a los fondos, violando el principio de descentralización consagrado por la Ley 225-20.

Advirtió que “no puede hablarse de aumentar las contribuciones al fideicomiso ni de reformas tributarias vinculadas, sin antes realizar una auditoría integral, técnica y financiera” de todas sus operaciones.

El PRD reiteró su compromiso con un modelo de gestión de residuos “justo, equitativo y descentralizado”, donde la política ambiental no sea “un negocio cerrado para unos pocos, sino una oportunidad para generar empleos verdes y fortalecer la economía circular desde lo local”.