Por @DanylsaVargas

La crisis de Haití ha entrado en una nueva etapa. El deterioro progresivo de la seguridad, el avance de las pandillas, la fragilidad institucional y la incapacidad del Estado haitiano para garantizar el orden han convertido la situación de ese país en un desafío que trasciende sus propias fronteras.

La reciente decisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de desplegar más de 2,000 efectivos militares en territorio haitiano para reforzar las operaciones contra las bandas criminales y localizar a cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada, introduce un nuevo elemento en un escenario que ya demandaba la atención urgente de la comunidad internacional. El mandatario ha defendido la operación y ha rechazado que se trate de una invasión.

A propósito de todo esto, República Dominicana vuelve a ocupar un lugar particularmente delicado. No solamente por su condición de país vecino, sino porque cualquier desenlace de la crisis haitiana tiene consecuencias directas sobre nuestra seguridad, estabilidad económica, dinámica migratoria y convivencia fronteriza.

De manera particular, considero que la interrogante no es si República Dominicana debe cooperar o no. La pregunta es cómo, hasta dónde y bajo cuáles garantías debe hacerlo.

El presidente Luis Abinader ha confirmado conversaciones con Bukele y la disposición dominicana de colaborar mediante mecanismos logísticos y de inteligencia relacionados con las operaciones internacionales contra las organizaciones criminales en Haití. También ha dispuesto reforzar la vigilancia fronteriza con más efectivos, vehículos blindados, aeronaves y drones, es lo que corresponde.

Sin embargo, hay un elemento que merece especial atención: el Gobierno dominicano ha explicado que nuestro país no participa directamente en las operaciones militares contra las pandillas haitianas. La Cancillería ha señalado que existen razones históricas, jurídicas y diplomáticas para evitar que un Estado fronterizo se involucre militarmente en el territorio de su vecino, lo que considero totalmente prudente.

Porque una cosa es cooperar para contribuir a la estabilidad de Haití y otra muy distinta es asumir un protagonismo militar que pueda comprometer nuestra posición histórica y diplomática.

La cooperación dominicana debe ser firme, pero prudente; solidaria, pero con límites; transparente, pero sin ambigüedades.
La historia nos obliga a manejar este tema con inteligencia.

No podemos ignorar que la relación entre República Dominicana y Haití está marcada por una historia compleja, diferencias culturales, episodios de confrontación y una sensibilidad que sigue presente entre ambos pueblos.

Precisamente por eso, cualquier colaboración dominicana que involucre operaciones de seguridad en territorio haitiano debe manejarse con extraordinario cuidado.

La transparencia ante el pueblo dominicano y ante la comunidad internacional, también es importante.

Si estamos brindando apoyo logístico, intercambio de información o facilidades operativas a una fuerza internacional, la ciudadanía debe conocer con claridad el alcance de esa cooperación.

¿Qué tipo de asistencia se está proporcionando? ¿Cuáles son sus límites? ¿Quién coordina las operaciones? ¿Qué mecanismos garantizan que nuestro territorio no sea utilizado para actuaciones ajenas a los compromisos establecidos?. Son interrogantes legítimas en cualquier democracia.

La transparencia protege nuestra credibilidad, fortalece la confianza diplomática y evita que otros actores definan nuestra posición a partir de especulaciones.

República Dominicana siempre ha mantenido la disposición de cooperar con Haití de buena fe. Lo ha hecho desde la asistencia humanitaria, el diálogo diplomático, la coordinación fronteriza y el respaldo a los esfuerzos internacionales.

Pero nuestra solidaridad no significa renunciar a nuestros intereses nacionales, desconocer nuestra historia, y mucho menos responsabilidades que corresponden a otros Estados.