Representantes de diversas comunidades adyacentes al río Yabí, en el municipio de Bayaguana, se presentaron el miércoles 14 de octubre ante la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente, en Santo Domingo Este, para realizar una protesta pacífica en reclamo de respuestas concretas y acciones oportunas frente a la contaminación que, según denuncian, continúa afectando este importante afluente natural.

La manifestación contó con el respaldo de la organización de protección medioambiental Centinelas del Este, que acompaña a los comunitarios en su lucha por la defensa de los recursos naturales y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano.

El principal objetivo de la concentración fue obtener información sobre el estado de la querella y denuncia depositada ante las autoridades competentes, relacionada con el presunto vertido de aguas residuales procedentes de las actividades de una empresa dedicada a la producción de aceite de palma, señalada por los denunciantes como responsable de descargar estos desechos en el río Yabí.

Los representantes comunitarios expresaron su preocupación e indignación ante la falta de una respuesta institucional que les permita conocer los avances del caso, mientras aseguran que el vertido de aguas residuales no ha cesado. Esta situación, sostienen, mantiene en incertidumbre a las comunidades que dependen del río y que durante generaciones han considerado este recurso natural parte esencial de su vida, su entorno y sus actividades cotidianas.

Una comunidad que exige ser escuchada

Los comunitarios manifestaron sentirse huérfanos de protección institucional e ignorados en sus legítimas exigencias de justicia ambiental, al considerar que sus reiterados reclamos todavía no se han traducido en una solución definitiva al problema denunciado.

Asimismo, reiteraron que su lucha no persigue obstaculizar el desarrollo económico ni la actividad empresarial, sino exigir que cualquier actividad productiva se realice dentro del marco de la ley, con responsabilidad ambiental y sin comprometer la salud de los ecosistemas ni el bienestar de las poblaciones cercanas.

«No estamos pidiendo privilegios; estamos reclamando que se escuche a las comunidades, que se investigue lo denunciado y que se proteja nuestro río. El desarrollo económico no puede estar por encima del derecho de la población a disfrutar de un medio ambiente saludable», expresaron los participantes.

Un acercamiento cordial con las autoridades

Durante la jornada, miembros de la seguridad del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde se encuentran las oficinas de la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente, se acercaron a los manifestantes y facilitaron la comunicación entre los activistas y las autoridades correspondientes.

Los representantes de Centinelas del Este destacaron de manera especial la disposición, el trato afable y la profesionalidad del encargado de la Policía Municipal, capitán Aquino, FARD, quien facilitó el contacto con el procurador fiscal de Medio Ambiente, Robert Rodríguez.

De acuerdo con lo informado por los activistas, durante la comunicación el procurador fiscal manifestó que se encuentra trabajando en el caso y explicó que el procedimiento requiere agotar distintas etapas burocráticas y administrativas, algunas de las cuales, según indicó, no dependen directamente de la Fiscalía Ambiental.

Los comunitarios valoraron este acercamiento como un paso positivo para establecer comunicación con las autoridades. Sin embargo, insistieron en que esperan que las gestiones anunciadas se traduzcan en actuaciones concretas, avances verificables y respuestas oportunas ante la situación denunciada.

Centinelas del Este exige seguimiento y acciones concretas

La organización Centinelas del Este reiteró su compromiso con la defensa del río Yabí y con el acompañamiento de las comunidades afectadas. Asimismo, consideró fundamental que las autoridades competentes den seguimiento efectivo a la querella presentada, realicen las diligencias de investigación correspondientes y determinen las responsabilidades que pudieran existir conforme a la legislación ambiental dominicana.

Los representantes comunitarios también consideran prioritario que se evalúe técnicamente la calidad del agua, se investigue el origen y la naturaleza de los vertidos denunciados y se adopten las medidas necesarias para prevenir nuevos daños al ecosistema, de comprobarse las irregularidades.

La organización recordó que la protección de los ríos no debe depender del nivel de influencia de una comunidad ni de su capacidad para organizar protestas, sino del cumplimiento de las leyes y del deber de las instituciones de velar por el patrimonio natural de la nación.

Por ello, los participantes hicieron un llamado a las autoridades ambientales, al Ministerio Público y a las instituciones competentes para que mantengan abierto el diálogo con las comunidades, informen sobre el curso del expediente y actúen con la diligencia que exige la protección de los recursos naturales.

El río Yabí no puede seguir esperando

La jornada del 14 de octubre representa, según los organizadores, una nueva expresión del compromiso ciudadano con la defensa del medio ambiente y una señal de que las comunidades no están dispuestas a abandonar sus reclamaciones.

Los residentes reiteraron que continuarán utilizando las vías pacíficas, institucionales y legales para exigir que se investiguen los hechos denunciados y se garantice la protección del río Yabí para las generaciones presentes y futuras.

El reclamo es claro: las comunidades necesitan respuestas, el río necesita protección y las denuncias ambientales necesitan acciones.

Porque cuando se pone en riesgo un río, no solamente se afecta el agua: también se comprometen la biodiversidad, los medios de vida y el futuro de los pueblos que crecen a su alrededor.