Por @Danylsavargas

Al ver los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, lo que primero que llegó a mi mente fue ¿cómo influye esto en las negociaciones sobre la importación de arroz al país?

 La política estadounidense acaba de enviar una señal que trasciende sus propias fronteras. La victoria demócrata en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, que les permitió recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, modifica el equilibrio de poder en Washington y abre un nuevo capítulo en la relación entre la Casa Blanca y el Congreso.

Donald Trump conserva la Presidencia, pero ya no tendrá el mismo escenario político para impulsar su agenda. Y aunque los resultados electorales no significan un cambio automático en la política comercial estadounidense, sí introducen nuevas variables que los países que mantienen negociaciones con Washington deberían observar con atención.

República Dominicana es uno de ellos.

Nuestro país tiene un asunto particularmente sensible sobre la mesa: el futuro del sector arrocero frente a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

No estamos hablando de cualquier producto agrícola. El arroz es un componente fundamental de la alimentación dominicana, una actividad económica que sostiene miles de productores y una extensa cadena de empleos, comercialización, procesamiento y distribución. Su importancia trasciende el interés de quienes cultivan la tierra: toca directamente la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de numerosas comunidades.

El conflicto se hizo más evidente con la culminación, en enero de 2025, del calendario de desgravación arancelaria establecido en el DR-CAFTA para este producto. A partir de entonces, Estados Unidos ha reclamado el cumplimiento de las condiciones de acceso preferencial de su arroz al mercado dominicano.

El Gobierno de Luis Abinader ha intentado buscar mecanismos que permita la protección del sector, incluso, se iniciaron conversaciones con el gobierno estadounidense en ese sentido

Pero aquí es donde el nuevo escenario político norteamericano adquiere relevancia.

La administración Trump tendrá que convivir durante los próximos dos años con un Congreso controlado por sus adversarios políticos. Esto supone mayores mecanismos de fiscalización, dificultades para avanzar determinadas iniciativas y una dinámica de negociación legislativa mucho más compleja.

La política comercial estadounidense sigue estando bajo la conducción del Poder Ejecutivo y de sus representantes comerciales. Además, los compromisos asumidos en el DR-CAFTA no desaparecen por un cambio en la composición del Congreso.

Sin embargo, el nuevo equilibrio político podría modificar las prioridades, los tiempos y las condiciones en las que se desarrollen determinadas negociaciones. También podría aumentar la presión interna sobre la administración para justificar sus decisiones comerciales y sus efectos económicos.

Por eso, República Dominicana debe leer este resultado más allá de la disputa entre republicanos y demócratas.

Esto, sin dudas, representa un nuevo elemento, ya que además del gobierno de Trump, la administración dominicana, también tendrá que iniciar conversaciones con los demócratas.

Lo que sí debe quedar claro es que nuestro país necesita una estrategia comercial sustentada en argumentos técnicos, económicos y de seguridad alimentaria, no exclusivamente en las relaciones políticas con una administración determinada.