El director ejecutivo, Dr. Pedro Richardson, afirmó que la optimización de la Contribución Especial es la clave definitiva para garantizar la sostenibilidad financiera y la transición hacia una economía circular en la municipalidad.

SANTO DOMINGO, R.D.– La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) expresó su firme e incondicional respaldo a la modificación de urgencia aprobada ayer por el Senado de la República al artículo 36 y al párrafo I del artículo 172 de la Ley No. 225-20 General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (modificada por la Ley No. 98-25). La institución valoró la iniciativa como un paso trascendental e impostergable para el fortalecimiento de los gobiernos locales y la protección del medio ambiente en la República Dominicana. Iguialmente destaca que esta reforma no solo asegura la salud pública, sino que estabiliza las finanzas locales.

El Dr. Pedro Richardson, director ejecutivo de FEDODIM, destaca que la modificación aprobada es una respuesta con un alto sentido de equidad y proporcionalidad financiera que el país necesitaba de manera urgente. Asimismo resalta que es completamente imperativa la implementación plena de la Contribución Especial para asegurar el flujo de recursos hacia el Fideicomiso DO Sostenible y lograr el financiamiento definitivo del sistema integrado de gestión de residuos sólidos que la ley 225-20 prevé.

En especial enfatizó que la pieza legislativa, además de redefinir las escalas de la Contribución Especial, introduce importantes aspectos positivos y de equidad para los contribuyentes que reportan a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Entre estos beneficios destaca el establecimiento de un esquema de liquidación flexible que permite a las empresas privadas realizar sus pagos de manera semestral (divididos en un 50% en junio y el 50% restante al cierre fiscal), aliviando la presión sobre su flujo de caja inmediato.

FEDODIM reitera que los gobiernos locales están listos para coadyuvar en la fiscalización de estos fondos y optimizar los servicios de recolección y transferencia, garantizando el derecho constitucional de los dominicanos a habitar en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.