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Entre el lawfare y la transparencia: Desafío en la administración pública

Por: @katherinediazpe

La contraposición entre la transparencia y el lawfare está siendo utilizada en el país según el criterio de quienes necesitan recurrir a uno u otro término para responder a cuestionamientos y acciones.

El término lawfare, se utiliza para describir la utilización estratégica del derecho y de los procedimientos judiciales como instrumentos para perseguir, desacreditar o neutralizar adversarios políticos. No obstante, su utilización en el debate público exige prudencia. No toda investigación contra un funcionario constituye una persecución política, así como tampoco toda actuación judicial debe considerarse legítima por el simple hecho de desarrollarse dentro de un expediente formalmente constituido.

El verdadero desafío consiste en distinguir entre el ejercicio legítimo de la acción penal, sustentado en evidencias y garantías procesales, y la eventual instrumentalización de las instituciones judiciales para alcanzar objetivos ajenos a la administración de justicia.

En República Dominicana, la transparencia administrativa no constituye una aspiración voluntaria de los gobiernos ni una estrategia de comunicación institucional. Es una obligación jurídica derivada de la Constitución y del ordenamiento legal que obligan a las instituciones a actuar con responsabilidad, publicidad, legalidad y rendición de cuentas. Por consiguiente, ningún funcionario puede interpretar la transparencia como una amenaza a su autoridad ni como una concesión que depende de su voluntad.

Pero también es necesario evitar una distorsión contraria: utilizar la expresión lawfare como argumento para deslegitimar cualquier investigación por corrupción administrativa. La existencia de un proceso judicial no demuestra persecución política, del mismo modo que una denuncia de persecución no elimina la obligación de esclarecer posibles irregularidades.

La administración pública dominicana enfrenta el reto permanente de convertir sus disposiciones legales en prácticas institucionales verificables. No basta con disponer de portales de transparencia, publicar informes o establecer oficinas de acceso a la información si los ciudadanos encuentran obstáculos para conocer cómo se ejecuta el presupuesto, cómo se adjudican las contrataciones y cuáles resultados producen las políticas públicas.

Tanto la transparencia como el derecho y deber del Estado y sus ciudadanos a velar porque se cumpla la ley, se administre correctamente los recursos públicos, se protejan los derechos fundamentales y se someta el ejercicio del poder a mecanismos efectivos de control, son mandatos que hay que hacer cumplir, siempre respetando el debido proceso.

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