Hay algo que me preocupa profundamente en la discusión que vuelve a abrirse alrededor de los fondos de pensiones. Y es que cuando aparecen cuestionamientos sobre el destino, las inversiones, las estructuras financieras y las garantías de retorno de esos recursos, pareciera que la primera reacción es defender el sistema, las instituciones y sus mecanismos; pero no siempre escuchamos con la misma fuerza la defensa del trabajador.

Y aquí hay que volver a lo esencial. Ese dinero tiene dueño. No es dinero de las AFP. No es dinero de las estructuras financieras que reciben inversiones. No es dinero de los reguladores. No es dinero de los gobiernos de turno.

¡Es dinero de los trabajadores!

La propia Superintendencia de Pensiones establece que los aportes registrados en la Cuenta de Capitalización Individual son propiedad exclusiva del afiliado. Entonces, la pregunta debería ser muy sencilla:

¿Por qué cuando se cuestionan las condiciones en que se invierten esos recursos la discusión parece concentrarse en explicar y defender la estructura, en lugar de concentrarse en garantizar al trabajador que su dinero estará ahí, protegido y debidamente rentabilizado cuando llegue el momento de necesitarlo?

¿Porque el acceso transparente a esa información se vuelve una lucha titánica, como la enfrentada por Grupo de Medios Panorama.

Porque una cosa es decir que los fondos están regulados. Otra muy distinta es demostrar que el trabajador está suficientemente protegido.

Una cosa es explicar que existen comisiones, organismos supervisores, límites de inversión, calificaciones de riesgo y procedimientos técnicos.

Y otra es responder con absoluta claridad: ¿qué ocurre si una inversión falla? ¿Quién asume el riesgo? ¿Hasta dónde llega la garantía? ¿Qué pierde el trabajador? ¿Qué mecanismos reales tiene para reclamar y ser resarcido?

Esas son las preguntas que deberían ocupar el centro del debate.

El cuestionamiento y la posición es a que los fondos no deban invertirse. Todo lo contrario. Un fondo de pensiones necesita generar rentabilidad para crecer y proteger el futuro del afiliado.

Pero precisamente porque estamos hablando del ahorro de toda una vida laboral, cada peso invertido debería estar acompañado de la máxima transparencia, trazabilidad, seguridad y responsabilidad.

Aquí no estamos hablando de un inversionista sofisticado que decide voluntariamente asumir un determinado riesgo.

Estamos hablando de trabajadores a quienes cada mes se les descuenta una parte de su salario para construir una pensión.

Y muchos de ellos no tienen capacidad de decidir dónde se invierte su dinero.

Por eso me parece que el debate está invertido.

Diversificar puede ser correcto. Invertir puede ser necesario.

Pero arriesgar el dinero de los trabajadores sin que estos tengan información clara, capacidad efectiva de fiscalización y garantías suficientes, no puede normalizarse simplemente porque exista una estructura regulatoria.

¿Quién está sentado en la mesa defendiendo al trabajador?

En lugar de preguntarnos primero cómo proteger las estructuras financieras que administran esos recursos, deberíamos preguntarnos cómo proteger al ciudadano que los produjo con décadas de trabajo.

Porque si todos los actores tienen una función institucional, financiera o empresarial, alguien tiene que asumir con firmeza la defensa del afiliado.

Y al parecer ese no es el rol que está jugando la SIPEN.